Cultura

El Gobierno dará luz verde el viernes a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

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  • Dará el viernes un plazo de 15 días a los familiares para que elija dónde enterrar al dictador, y si no lo decidirá el Ejecutivo

Vista de la basílica del Valle de los Caídos, donde están enterrados los restos del dictador Francisco Franco

EFE

El proceso administrativo que estaba en marcha para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha finalizado, y por lo tanto el Gobierno de Pedro Sánchez está listo para cumplir esta misma semana una de sus primeras promesas tras llegar a la Moncloa: sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

Una orden que pretende dar en el Consejo de Ministros del próximo viernes, pese al rechazo de los familiares y del prior de los monjes benedictinos a cuyo cargo está la basílica, han informado fuentes del Ejecutivo. 

El viernes, el Gobierno estudiará dar a la familia del dictador un plazo de 15 días para que elija dónde quiere enterrarlo, pero no permitirá que los restos se lleven a la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid, como era la intención de los familiares y han expresado en las alegaciones dentro del proceso administrativo puesto en marcha por el Ejecutivo por esta cuestión.

En el caso de que la familia de Franco no cambie de postura, será el Gobierno el que tome la decisión final y se encargará de la inhumación, que se realizará en presencia de los familiares.

No será enterrado en la catedral de Madrid

Fuentes del Ejecutivo insisten en la "imposibilidad legal" de que el cuerpo sea enterrado en la catedral de la Almudena y recuerdan el informe de la Delegación de Gobierno que apunta a "evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad". La catedral de la Almudena está en pleno centro de Madrid, al lado del Palacio Real, en un lugar que recibe gran número de visitas al día.

Así, alegan que el Gobierno ha dado "prioridad a la voluntad de la familia" para volver a inhumar el cadáver pero que, a menos que ésta señale un lugar compatible con la legalidad, el orden público y la seguridad ciudadana, la última palabra corresponderá al Gobierno. Eso sí, añaden que la decisión contará con todos los avales jurídicos necesarios y que se hará con "máximo respeto" a la dignidad de la familia y al decoro necesario.

El Ejecutivo considera que la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco no depende ni de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia sino de un mandato legal, el surgido de la aprobación del decreto ley que modificó la Ley de Memoria Histórica, dirigido a la "resignificación del Valle de los Caídos" para reconvertirlo en un espacio de memoria colectiva y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y que el Congreso ratificó por mayoría absoluta.

Así, sostiene que, si bien una autorización familiar hubiera facilitado el proceso, no existe un derecho de la familia reconocido ni nacional ni internacionalmente a inhumar o mantener los restos mortales de un familiar en un lugar determinado, más aún en el caso de una tumba pública sobre la que carecen de título alguno.

Oposición del prior a permitir el acceso a la basílica

El Gobierno también se pronuncia sobre la negativa del prior de la basílica del Valle de los Caídos a permitir el acceso para la exhumación de los restos de Franco. En este sentido, señala que la "inviolabilidad" de los templos no tiene aplicación cuando la autorización para el acceso "se refiere al cumplimiento de una resolución legal como es el caso". 

El Gobierno también señala que la exhumación de Franco se ha retrasado en un proceso que se ha extendido durante seis meses por el "comportamiento obstruccionista" de los familiares y otros organismos, como la Fundación Francisco Franco, las asociaciones para la defensa del Valle de los Caídos y a la propia Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle, que han presentado sucesivos recursos, recusaciones contra la instructora del procedimiento y hasta una querella criminal, que fue rechazada junto con las denuncias ante los juzgados de primera instancia.

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